IMPACTO DE UNA FACTURA IMPAGADA
Los empresarios conocen bien el daño que un impago puede producirles. Una factura sin cobrar es uno de los mayores lastres a los que hay que hacer frente y en España, por desgracia, es una situación tan habitual como preocupante que no sólo afecta al reclamante del dinero, sino que también hiere a la economía del país.
“Los impagos a las compañías europeas generan unas pérdidas equivalentes al 2,7% de sus beneficios”, según el Informe de Pagos por Sectores 2016, un estudio realizado por la gestora de crédito y cobros Intrum Justitia. “Nuestro país y, en general, todos los del sur de Europa, está a la cabeza en cuanto a morosidad empresarial y la principal razón es que nuestro marco jurídico nos lo permite”, afirma Juan Carlos González, director de la compañía en España.
De acuerdo con el citado estudio, los impagos afectan de manera desigual a los sectores analizados, aunque la minería, los servicios financieros y el transporte y almacenamiento son los que más sufren estas pérdidas. En el lado opuesto, “la industria manufacturera y el sector inmobiliario registran un menor porcentaje de pérdidas”, refleja el estudio.
“En nuestro país, el peor pagador que hay ahora mismo es la Administración. Es una constante que, a pesar de que para ellos el plazo máximo para abonar una factura es de 30 días (60 días para el resto), hay casos de más de 150 días de retraso”, apunta González.
Con estos datos y la actuación poco ejemplarizante del sector público, no extraña que la morosidad en el ámbito privado sea algo asumido por todos. En la lista negra de los malos pagadores, están también las grandes empresas, que suelen abusar de clientes pequeños.
La motivación para no pagar una factura es diversa: “Existe quien, desde luego, puede tener un problema circunstancial o incluso, el que no ha pagado a causa de un error. Pero nosotros hemos detectado que en la mayoría de ocasiones se trata de algo intencionado, simplemente para obtener financiación de forma gratuita a costa de otra empresa”, expresa el directivo.
Ninguna empresa abona sus facturas con arreglo a la ley
El informe también recoge que “el 46% de las compañías encuestadas reconoce haber sido presionado para ampliar los plazos de cobro. Una realidad que se da especialmente en el ámbito de la manufactura, donde más de la mitad de las empresas se han visto obligadas a aceptar plazos de pago superiores a los que les hubiera gustado”.
“La ley contempla que si una empresa debe cobrar una factura y el importe no llega en el plazo acordado, puede imponer unos intereses de demora. Sin embargo, pocas se atreven a hacerlo por el miedo a perder a ese cliente”, indica el director. Por si fuera poco, nuestra fama nos precede y fuera de nuestras fronteras ya saben de la relajación española a la hora de pagar, “algo que dificulta nuestras relaciones comerciales como país y hace que nos vendan más caro”, advierte González.
Problemas
Cuando el importe a cobrar no llega a tiempo (y en ocasiones no llega nunca) se producen una serie de problemas que pueden costar muy caro, en particular a las pymes. “Lo principal es la falta de liquidez, a la que hoy en día se enfrenta cualquier pequeña empresa. Esto se traduce en la merma del crecimiento”, señala el director. Por si fuera poco, esa liquidez tendrá que ser buscada mediante otras vías, como la financiación bancaria, lo cual desemboca en un verdadero vía crucis para las pymes.
Pero otro problema en la sombra acecha a las empresas que sufren impagos. El estudio establece una relación directa entre morosidad y generación de empleo. “El 35% de las compañías preguntadas contratarían más empleados si cobrasen a tiempo. Un porcentaje que asciende al 49% en el ámbito de la minería y al 45% en el de la construcción, un sector clave en muchas de las economías europeas como la nuestra”, cuenta el experto.
“Para frenar esta situación, lo mejor es que una pyme se adelante y haga uso de compañías de gestión del crédito”, sostiene. Gracias a ellas podrá conocer qué tipo de pagador es su cliente y anticiparse al impago. “Tenemos la idea de que se trata de servicios no aptos para pequeñas empresas, pero es posible acceder a ellos por poco más 100 euros al mes”, precisa González.
Si una empresa no ha abonado el importe en tiempo y forma, puede deberse a un error técnico, pero en la mayoría de casos está detrás una intencionalidad y nosotros actuamos desde el principio. Nunca hay que dejar pasar el tiempo”. Una vez que el plazo de cobro ha vencido, “lo ideal es acudir a la vía legal cuanto antes”, enfatiza.
